
En nuestro país, la cobertura pública de los tratamientos de odontología sólo incluye el diagnóstico oral, las extracciones, el control trimestral odontológico del embarazo y algunas obturaciones y sellados de fisura en niños y adolescentes. Las razones son puramente económicas, ya que los profesionales han reclamado un sistema mixto de financiación que permitiría atender el resto de prestaciones a toda la población. En algunas Comunidades Autónomas la prestación total, pública y gratuita de la odontología se extiende a determinados colectivos como pacientes en situaciones de exclusión social, enfermedades raras o rehabilitación oral tras la cirugía del cancer cervico-facial.